REFORMA

13-11-18

Tras el bono y cepo a despidos congelan la reforma laboral

El puntapié inicial de la nueva etapa se dará hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto de necesidad y urgencia que ayer firmó el presidente Mauricio Macri.

El Gobierno inaugurará hoy una etapa de conciliación con el sindicalismo: la publicación del decreto que establece el pago de un bono obligatorio de $5.000 para los trabajadores del sector privado y fija un nuevo trámite para los despidos individuales, sumada al aumento acordado ayer para los trabajadores estatales y eventualmente un plus para planes sociales y jubilados forman parte de una nueva dinámica que buscará imprimirle el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a su vínculo con la dirigencia gremial y que incluirá deponer la reforma laboral que tenía en planes el Ejecutivo, así como reducir las hostilidades hacia los sindicatos.

 

La negociación que llevó adelante Sica con la cúpula de la CGT y las principales cámaras empresarias fue fructífera para casi todos los protagonistas. Para la administración de Mauricio Macri significó llegar a fin de año sin la amenaza de un quinto paro nacional y con una inyección de fondos a la economía real a través del bono para al menos esperanzarse con un freno a la caída de todos los indicadores. Mientras que para la central obrera el acuerdo fue un argumento ideal para desactivar una huelga que, para los gremios de mayor influencia interna, prometía más costos que beneficios con descuentos salariales para sus afiliados y el riesgo de una movilización callejera con la posibilidad latente de incidentes.

 

La desarticulación de buena parte de la conflictividad esperada para fin de año dejó al ministro en buena posición ante sus colegas del Gabinete para darle aire a su impronta en la gestión. Profundizará el diálogo con los sindicalistas y los empresarios a quienes más conoce por su desempeño como consultor privado- sin por ello promover grandes mesas de conciliación y con el propósito de impulsar soluciones de coyuntura a los problemas sectoriales más urgentes. Y extirpará de la agenda la reforma laboral que de manera recurrente Cambiemos intentó imponer a pesar de la resistencia de buena parte de la CGT.

 

El sello de Sica se notará con una probable desaceleración de la escalada de hostilidades que había encarado el exministro y actual secretario de Trabajo, Jorge Triaca, con la mira puesta en los gremios disidentes mediante multas como la aplicada a Camioneros por casi mil millones de pesos, amenazas de supresión de beneficios en las convenciones colectivas de trabajo y demoras ostensibles en la resolución de trámites de acuerdo a la filiación política del sindicato en cuestión.

 

El puntapié inicial de la nueva etapa se dará hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto de necesidad y urgencia que ayer firmó Macri y que contiene, como había adelantado este diario, dos capítulos: uno, el pago del bono no remunerativo en dos cuotas iguales de $2.500 con los salarios de noviembre y enero para todos los trabajadores del sector privado con excepción de los rurales y el personal doméstico, sometidos a convenios laborales específicos y para quienes se negociarán adicionales por separado.

 

El DNU habilitará la posibilidad de tomar el monto a cuenta de futuros incrementos en la actual ronda de paritarias o incluso de arreglos previos alcanzados de manera suplementaria a la negociación inicial de cada gremio con el sector empresario. Mientras que las compañías en situación crítica podrán pedirles a los sindicatos modificar el monto o los plazos de pago del bono en el ámbito de su convenio colectivo de trabajo.

 

Mientras que para los estatales, también al margen de la normativa, ayer se acordó el pago de un plus de $5.000 con los sueldos de diciembre y también un aumento extra de 5% sobre los salarios de enero y de otro tanto sobre los de febrero. Ambos porcentajes se sumarán al 15% que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) había firmado para el sector público en la primera mitad del año, a lo que le siguieron dos sumas fijas y un ajuste sobre el valor del presentismo. El arreglo con UPCN, que firmaron su titular, Andrés Rodríguez, Sica, Triaca y el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra, se extenderá a los efectivos de las fuerzas de seguridad Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.

 

El segundo capítulo del decreto será la creación de una nueva instancia administrativa, de cumplimiento obligatorio, previo a la ejecución de un despido por parte de las empresas. Diez días antes de concretar la cesantía el empleador deberá comunicarla al Ministerio de Producción y Trabajo que, a su vez, podrá formar una mesa de diálogo con el sindicato de la actividad y la compañía para explorar una solución alternativa. Se trata de un mecanismo que correrá en paralelo con el Procedimiento Preventivo de Crisis, de constitución también obligatoria para los privados que encaran un proceso de despidos masivos, pero que regirá hasta el 31 de marzo.