POLONIA

16-02-18

El primer ministro polaco defendió su polémica reforma judicial en Berlín

Mateusz Morawiecki, defendió hoy en Berlín la criticada reforma del sistema judicial encarada por su gobierno en los últimos meses y evitó hacer comentarios sobre el proceso abierto.


El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendió hoy en Berlín la criticada reforma del sistema judicial encarada por su gobierno en los últimos meses y evitó hacer comentarios sobre el proceso abierto por la Comisión Europea, que podría quitar a Varsovia su derecho a voto en las instituciones regionales.

En una conferencia de prensa junto a la canciller alemana, Angela Merkel, el premier defendió que la reforma busca garantizar un sistema judicial “mejor, más efectivo y más eficiente”.

Según Morawiecki, el principal objetivo es que el Poder Judicial sea menos dependiente de la política, precisamente lo que le cuestiona tanto Bruselas como sus detractores polacos, informó la agencia de noticias EFE.

Merkel, quien no quiso polemizar con el premier polaco, se limitó a expresar su confianza en el trabajo que está realizando la Comisión Europea, que abrió un diálogo con Varsovia tras activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, un proceso legal con el que se podría retirar a Polonia su derecho a voto.

“Creo y espero que todo está en la buena senda y que esas conversaciones traerán avances”, señaló la canciller.

El objetivo declarado del gobierno polaco es modernizar un sistema judicial heredado de la época soviética que nunca fue “purgado” pese a ser corrupto e ineficiente.
En ese sentido, el primer ministro argumentó hoy usando como ejemplo a Alemania.

Recordó que tras la reunificación alemana, el país investigó el pasado de jueces y fiscales y que sólo un 30 % de los magistrados de la extinta República Democrática Alemana fueron admitidos en la carrera.

Entre los principales cambios incorporados al sistema judicial se destaca el poder otorgado al Parlamento para designar a 15 de los 25 magistrados de la Judicatura (Fiscalía General), que hasta ahora eran elegidos en su totalidad por otros jueces.

Los ciudadanos y jueces podrán proponer a sus candidatos, pero será la cámara baja del Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría absoluta, la que tome la decisión final.

Además, se aprobó una ley para reformar el Tribunal Constitucional, que según sus detractores, elimina virtualmente un posible control sobre la actividad legislativa del gobierno al debilitar al órgano que revisa la constitucionalidad de las leyes.

Otra ley aprobada por el Parlamento, donde el oficialista PiS cuenta con mayoría, otorga al Ministerio de Justicia el poder para nombrar a los magistrados responsables de los tribunales ordinarios.