BRASIL-CORRUPCIÓN

29-11-19

Detienen en Brasil a una ex jueza por “destruir pruebas” de magistrados que vendían sentencias

La ex jueza Maria do Socorro Barreto, que presidió el Tribunal de Justicia del estado de Bahia, fue detenida hoy por la Policía Federal de Brasil, acusada de "destruir pruebas" de una investigación a magistrados señalados de vender sentencias, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

La jueza, que ya había sido apartada de su cargo por una decisión judicial hace 10 días, fue detenida porque estaba “destruyendo pruebas e incumpliendo el orden de no mantener contacto con funcionarios”, informó la PGR en un comunicado. “Las investigaciones ya realizadas también reunieron indicios de la existencia de relaciones indebidas entre la magistrada y otros investigados por la trama”, añadió el texto, según un despacho de la agencia EFE.

La magistrada Maria do Socorro Barreto Santiago será acusada de corrupción activa, lavado de dinero y participación en organización criminal. La Policía Federal también cumplió tres órdenes de registro y allanamiento en Salvador, la capital regional de Bahía, con el objetivo de “reunir nuevas pruebas” sobre la trama de magistrados. Esta es la segunda etapa del operativo “Faroeste”, iniciada el pasado 19 de noviembre para desarticular una trama formada por un grupo de magistrados que presuntamente vendían sus sentencias judiciales en favor de productores rurales.

La primera etapa de la operación desplegó a más de 200 agentes de la Policía Federal por varias ciudades de Bahía y por Brasilia, la capital federal, quienes cumplieron un total de cuatro órdenes de prisión temporal y 40 registros en gabinetes, tribunales, bufetes de abogados, oficinas empresariales, así como en residencias particulares de los investigados.

Las investigaciones apuntaron a que los magistrados formaban parte de una trama corrupta junto con varios abogados y hacendados, a los que favorecían en sus fallos con el objetivo de legitimar las tierras que compraban de manera irregular y que se calcula que superaron las 360.000 hectáreas. En la red también actuaban testaferros y empresas cuya función era ocultar los millonarios beneficios obtenidos de manera ilegal.